NO TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES... ANTE LA LEY.
Por HERMES (2 de febrero de 2016.)
Se llama Esther Gabarre, es madrileña, y reside en el barrio de Manoteras -perteneciente al distrito de Hortaleza-, en la capital de España. Pese a no ser excesivamente mayor, a sus 40 años, su estado civil ya la reconoce como viuda y madre de familia numerosa pues tiene cuatro hijas. Sus escasos recursos para subsistir y su depauperada economía hacen el resto. La víspera del día de Reyes del recién estrenado 2016, cuando el consumismo y el gasto personal se disparaban en algunos casos hasta límites desaforados como consecuencia de las fiestas navideñas, Esther -según confesó- no tenía nada en la cartera y, lo que es peor, tampoco en la nevera de su casa. No sé si lo meditó mucho o poco, pero lo cierto es que ese día se dirigió a una gran superficie comercial en Getafe y allí empezó su calvario. Su torpeza fue intentar sustraer del establecimiento prendas de vestir cuyo valor total ascendía a 428 euros para, posteriormente, revenderlas en la calle y, de ese modo, obtener un dinero con el que hacer frente a otras necesidades. Pero su recorrido duró poco porque a la salida del local, alertados los servicios de seguridad del centro por una dependienta del mismo, fue retenida por los vigilantes, quienes llamaron a la policía. Las fuerzas del orden la detuvieron por tan reprobable acción y pasó toda la tarde en Comisaría mientras los agentes redactaban el correspondiente atestado. Hasta ahí todos los pasos seguidos –salvo, evidentemente, los de la propia Esther- son muy correctos y ajustados a Derecho por parte de todos los intervinientes. Aunque es a partir de esa detención policial cuando comienza el agravio comparativo, que surge cuatro días antes.
Es el 1 de enero y un coche camuflado de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en la Comunidad de Madrid, al observar circular a un Audi R8 por la M-40 a más de 200 k/h. intenta darle el alto sin conseguir que se detenga. A partir de ese momento y durante varios kilómetros, la Brigada inicia una persecución -el vehículo de los funcionarios llevaba un gábilo en el techo que hacía ver su condición policial- para intentar dar alcance al temerario conductor e identificarlo hasta que llegaron a Valdebebas donde otra vez los agentes volvieron a ordenar pararse al vehículo de alta gama. Por fin, y tras hacer nuevamente caso omiso a las ordenes de los miembros de la seguridad del Estado, el Audi alcanza su destino y franquea sin vacilar la barrera de acceso a la Ciudad Deportiva del Real Madrid mientras los vigilantes del club impiden el paso a los policías a pesar de mostrar sus credenciales. Sencillamente kafkiano. Finalmente, y previo aviso al jefe de seguridad de la entidad, se les permite la entrada a los agentes que dentro de las instalaciones identifican al infractor: un tal James Rodríguez, futbolista de la institución. A otra persona que hubiera cometido el mismo delito -como por ejemplo usted que lee estas líneas o Esther Gabarre- la policía les habría detenido, esposado, -incluso, quizá, zaherido- y trasladado a sus dependencias permaneciendo en las mismas el tiempo necesario para elaborar el atestado con el que el detenido habría sido llevado ante el Juez de guardia. Pero con el jugador no se atrevieron a seguir esas pautas. Tendrían sus razones -que seguramente la gente de la calle no entenderá-, pero James consiguió su objetivo y los miembros de seguridad del Estado tuvieron que conformarse con identificarlo en su lugar de trabajo. Todavía, aunque algunos quebranten la Ley, pertenecer al Real Madrid y ser futbolista mediático sirve de bula y de gracia.
Desde luego, no justifico de ninguna forma la actuación de Esther Gabarre; pero mientras ella intentó sustraer prendas por valor de 428 euros, el jugador puso en peligro con su temeraria e imprudente velocidad la seguridad vial durante varios kilómetros -primer delito- y, posteriormente, desobedeció de forma reiterada a los agentes -segundo delito- que le daban el alto. Qué el lector saque sus propias conclusiones. Pero el agravio y la desigualdad policial hablan por si solas. Es lo que tiene ser famoso.
Por otro lado, Esther en un proceso express ya ha sido condenada. Y lo ha sido, ni más ni menos, que a la pena de cuatro meses de cárcel. ¡Con qué facilidad el Ministerio fiscal acusa en España a algunos y con qué no menos rapidez algunos jueces condenan a otros con castigos ejemplarizantes! Es evidente que en nuestro país hay dos varas de medir: la de los ricos y poderosos y la de los pobres y humildes. Como yo me incluyo en el segundo estadío de personas me preocupo por los tratos desiguales que aplica la Justicia y la policía a la gente pues nadie está exento de verse metido en un lío sin comerlo ni beberlo y experimentar tales arbitrariedades. Porque está claro que el famoso artículo 14 de la Constitución -«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»- ni se cumple, ni -por supuesto- en la práctica todos los españoles somos iguales para el Derecho.
Se recoge que el Rey es inviolable sin sujeción a responsabilidad, y los restantes miembros de la familia real, si fueran llamados a testificar, podrían responder al interrogatorio por escrito. Asimismo, en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo: El Presidente y los demás miembros del Gobierno. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. El Presidente del Tribunal Constitucional. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal General del Estado. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas». Y etc. etc. etc. Al pueblo llano, con perdón, que «nos den morcilla» por no decir otra cosa.
Mientras tanto, el «muy honorable» Jordi Pujol y sus hijos pasean tranquilamente por la calle porque para eso son millonarios con el dinero que han conseguido... «a través de una herencia», según manifiestan en su osado cinismo. Un sujeto como Rodrigo Rato, que ha hecho y desecho en la entidad «Bankia» lo que ha querido tampoco está en la cárcel. Da igual; para eso el Gobierno, con el dinero de todos, ha rescatado a la entidad. Sin embargo, a Esther Gabarre, ¡qué prisa se han dado en condenarla! Luis Bárcenas, que sí está en prisión, dicen que no recibe por parte de las autoridades penitenciarias el mismo trato que un preso común contando con solapados privilegios y prebendas. Por otro lado, la Fiscalía anticorrupción, que teóricamente está para velar para que se cumpla el principio de legalidad, no ve indicios de delito en la venta de preferentes a ancianos analfabetos por parte de la Banca. Asimismo, el Ministerio fiscal considera que la infanta Cristina no sabía lo que firmaba solicitando, de esa forma, que no sea imputada en su intento de que la «marca España» y la monarquía no se vean manchadas. Con su actitud, más pareciera su abogado defensor que el pilar garante de la legalidad de un Estado de Derecho. Si esa es la actitud del Ministerio público, por mal camino vamos los ciudadanos pues parece que volvemos a la dicotomía entre ciudadanos y súbditos. Los diputados del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui pactaban sin ningún tipo de pudor importantes comisiones por hacer negocios en Panamá. Aunque la Audiencia Nacional los investiga por organización criminal, de la Serna, al ser diputado y no tener la vergüenza de renunciar a su cargo, ya parte con el privilegio de su aforamiento.
Y así, tantísimas tropelías, injusticias, arbitrariedades, favoritismos, desigualdades, privilegios, abusos y todos los calificativos que el lector quiera añadir. Dice, pone punto final y descansa un muy indignado Hermes.
